jueves, 18 de enero de 2018

Con Infantería en los pasillos, anunciaron 160 despidos en el Hospital Posadas


Los trabajadores realizaron una asamblea en el hall del hospital para reclamar la reincorporación. Ante esta decisión, el centro de salud amaneció fuertemente custodiado por decenas de efectivos.
Casi 160 trabajadores fueron despedidos esta semana del Hospital Posadas, ubicado en el partido de Morón, y la dirección del nosocomio amaneció fuertemente custodiada por decenas de efectivos de Infantería de la Policía Federal.
La Dirección Ejecutiva del hospital, a cargo del médico Pablo Bertoldi Hepburn, no informó de manera individual los despidos sino que publicó una resolución con los nombres de los que sí renovarían su contrato.

“Hoy me enteré por una resolución de mi supuesta cesantía, de la que nadie se termina de hacer cargo ya que nos informaron que no estamos contemplados dentro de los listados de los contratos que se renuevan, ergo, estamos despedidos”, afirmó Luis Sucher, un empleado despedido con 19 años de antigüedad.
A través de las redes sociales, varios trabajadores denunciaron que las oficinas de la Dirección estaban colmadas de policías que impedían el pedido de explicaciones a las autoridades.

Una jornada de provocaciones a personas con más de 15 años de trabajo que las dejan en la calle


Los trabajadores se concentraron esta mañana en el hall del edificio y realizaron una asamblea para delinear los pasos a seguir en la lucha por su reincorporación.
16/01/18

jueves, 4 de enero de 2018

Ordenaron la detención de un militante del PO por la supuesta agresión a un policía

Otro arresto por la protesta

Según los registros fotográficos del día de la última movilización contra la reforma previsional, Dimas Fernando Ponce estaba en la escena de la agresión a un policía. El imputado niega haberle hecho daño a alguna persona.
El juez Sergio Torres está investigando a los manifestantes y también los abusos de las fuerza de seguridad.

El juez federal Sergio Torres ordenó la detención Dimas Fernando Ponce, un abogado que es militante del Partido Obrero y que, según los registros fotográficos del día de la última movilización contra la reforma previsional estaba en la escena de la agresión a un policía que tuvo fractura de cráneo y perdió parcialmente la audición por los golpes. Es quien estaba con otro hombre del PO, César Arakaki, que ya está preso y fue indagado por la misma razón. Ponce hizo llegar al juzgado un pedido de exención de prisión que fue rechazado, en el que admite ser la personas de las imágenes en cuestión, donde está cerca de un policía que está en el piso con un palo similar a una lanza, pero niega haber herido a nadie. El PO convocó para hoy a la tarde a una conferencia de prensa. En un comunicado dice que la detención dispuesta por el juez es “parte de de una política de criminalización de una manifestación en la que participaron centenares de miles de trabajadores contra una ley que constituye un robo a los jubilados, los discapacitados y los niños más necesitados”.

Torres mantiene hasta ahora dos líneas de investigación: una involucra a manifestantes, en especial a los que fueron registrados en imágenes agrediendo a policías; la otra apunta a los abusos de las fuerza de seguridad. Por esto último está detenido Dante Barisone, el policía que paso con su moto por encima del cartonero Alejandro Rosado, que ese encontraba trabajando en la calle, cerca de la movilización. A Barisone lo identificó y entregó el Ministerio de Seguridad. Todavía el juzgado está tratando de identificar al agente que le tiró gas pimienta con saña a un hombre mayor que se encontraba solo y sin hacer nada. En una filmación se ve el momento en que lo rocían con gas y el mismo policía le pega un cachiporrazo en la cabeza. Para hoy está citado a indagatoria un policía bonaerense, Damián Ferraro, fotografiado arrojando piedras, ahora desafectado de la fuerza.

Ponce, que fue candidato a concejal en Máximo Paz por el Frente de Izquierda, apeló el rechazo a la exención de prisión. El comunicado del PO dice que “la orden de detención debería suspenderse hasta que resuelva el tribunal. En el caso que el tribunal ya hubiera enviado oficio de captura, Ponce se encuentra esperando la ejecución de su detención en el domicilio denunciado (…) se ha puesto a derecho y no hay razón para que sea detenido”. Por eso reclaman el cese de la orden de detención y la inmediata libertad para Arakaki. El criterio del juzgado ha sido detener a las personas que considera involucradas en lesiones medianas y o graves.

La semana próxima es posible que el juzgado tome una determinación respecto de las casi 70 personas que fueron detenidas durante y en la desconcentración de la movilización del 18 de diciembre, muchas de ellas al voleo. Torres había ordenado liberarlas pocas horas después de los arrestos y está en pleno análisis de las circunstancias en que fue detenida cada persona, para establecer si fueron arrestos arbitrarios o con alguna motivación real. En la causa sobre la movilización de la semana anterior, el 14 de diciembre, también contra la reforma previsional, todavía hay personas detenidas por cuestiones burocráticas relativas a sus domicilios y en un caso se trata de un joven que denunció que le plantaron en su mochila dos piedras y panfletos partidarios pisoteados. Esta causa la lleva Claudio Bonadio, con una óptica distinta a la de su colega Torres. Está indagando a las 44 personas detenidas, incluso aquellas como Damiana Negrín Barcellos, cuya detención repentina fue filmada en el momento que volvía caminando de trabajar a su casa y se le vino encima un pelotón de gendarmes.

La impunidad campa por sus anchas : Represores con domiciliaria

El 2017 terminó con 1038 represores detenidos, 549 de ellos con arresto domiciliario. El año pasado se instruyeron 593 causas, que aún continúan en trámite, y se dictaron 200 nuevas sentencias. El 67 por ciento de ellas fueron apeladas.

Tras el fallo del 2x1 de la Corte, hubo 118 condenados que pidieron acceder a ese beneficio.

La reciente prisión domiciliaria para el genocida Miguel Etchecolatz, que desató el repudio de los organismos de derechos humanos y gran parte de la sociedad, no es un caso aislado entre los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, más de la mitad de los detenidos en las causas por violaciones a los derechos humanos se encuentran con arresto domiciliario. Los represores presos en domicilios son 549. 

La Procuraduría también informó que el 67 por ciento de las sentencias dictadas contra los represores fueron apeladas, por lo que se encuentran en alguna instancia de revisión, y que luego del fallo Muiña, donde la Corte Suprema aprobó el 2x1 para casos de lesa humanidad, hubo 118 condenados que pidieron acceder al beneficio.

De las 393 causas en las que aún no se dictó sentencia, 17 se encuentran en etapa de debate oral o plenario -aunque en sólo seis causas ya está fijada la fecha de inicio del debate-, 98 causas están listas para comenzar el juicio y el resto, las 278 causas que faltan, continúan en etapa de instrucción.  

“Durante el 2017 fueron sentenciadas 234 personas”, de los cuales 198 fueron condenados y 36, absueltos, según señalaron los fiscales en el informe,  Entre quienes aún no fueron sentenciados, la situación procesal varía según la causa: hubo 701 procesados, a 164 imputados se les dictó falta de mérito y 62 fueron sobreseídos. “A diciembre de 2017, son 1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas”, continuó el informe presentado por la Procuraduría.

Además de los detenidos con prisión domiciliaria, 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

El informe analizó también cuánto tiempo transcurre desde que se inicia la causa hasta que se obtiene la sentencia firme. En promedio, en las “causas firmes”, aquellas que ya no tienen pendiente instancias de revisión, transcurren 5 años y medios entre que se presenta el requerimiento de elevación a juicio y se obtiene la sentencia del último recurso tramitado ante la Corte Suprema de Justicia. En la causas “en trámite”, las que tienen sentencia pero esperan la elevación a juicio o pueden ser recurridas, la demora alcanza los 4 años y medio.

“La instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF. Le sigue la instancia entre el inicio del debate y el veredicto, a cargo del TOF, con casi un año y ocho meses. A continuación se encuentra el periodo entre la sentencia de la CFCP y la confirmación del último recurso ante la CSJN, que demora en promedio un año y cinco meses”, detallaron desde la procuraduría.

En el informe, los fiscales hicieron hincapié en que “los responsables del trámite de las causas demoran en conjunto más de cinco años en resolver si una causa se eleva, realizar el juicio, dictar la sentencia y en confirmarla o no en las instancias recursivas posteriores”, lo que calificaron como un “cuellos de botella” que es necesario resolver.

viernes, 29 de diciembre de 2017

Testimonio : Vivo para contarla

El autor relata cómo fue baleado y atropellado por una moto de la Policía Federal en la represión del pasado 18 de diciembre en medio de la votación de la reforma previsional.
Alejandro “Pipi” Rosado
Joven trabajador baleado y atropellado por la Policía

El texto fue publicado originalmente en el sitio amigo La Garganta Poderosa, a quienes agradecemos contar con nosotros para la difusión masiva del testimonio de Pipi Rosado.

Vivo para contarla

Ojalá esta foto pudiera describir todo eso que todavía no puedo, toda esa pesadilla que comenzó este lunes. Y no sé cuándo terminará. No fui “atacado”, fui cazado salvajemente durante la razia que cubrió la reforma previsional.

Yo cartoneo, desde los 16 años, porque vi en la recolección una salida ante la falta de empleo. Me gusta lo que hago y formo parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos, pero ese mediodía no estaba manifestándome junto al resto de mis compañeros. Necesitaba laburar y fui a buscar papel blanco por la 9 de Julio, pero cerca de las 13:30 me crucé con otro reciclador y nos dividimos las tareas: él se quedó con el carro en la Avenida Belgrano y yo seguí rumbo al Obelisco, sin imaginar que un ejército de uniformados me terminaría emboscando.

Aparecieron a los tiros, por todos lados, disparando a mansalva sobre una multitud que se dispersaba desesperada, mientras yo intentaba taparme la cara con una remera, para no ahogarme con los gases lacrimógenos. Salí corriendo, pero estaba aturdido por las detonaciones y dolorido por las balas de goma que me pegaron en la espalda, de modo que sólo avancé una cuadra. Cagado de miedo, me mandé por Hipólito Yrigoyen para intentar llegar a Tacuarí, donde siempre trabajan unos compas, pero ni bien doblé advertí que se venía la Policía. Y seguí rajando, cada vez más rápido, cada vez más asustado. Quise esconderme detrás de un tacho, pero no pude. Sentí que me pisaron el pie, me caí y me golpeé la cabeza...

Ahí me dispararon, a pocos metros, en el piso.
Y quedé inconsciente, varios segundos.

Cuando volví a tomar consciencia, el paisaje había cambiado. Me hallé rodeado por seis agentes de la Federal, con las costillas lastimadas y con la pierna izquierda quemada, desde la rodilla hasta casi el tobillo, por el caño de escape de una moto policial que me pasó por encima. Pero eso no era todo: me habían agujereado la panza, arriba del ombligo. Tenía una abertura del tamaño de una galletita, unos cinco centímetros de ancho y una profundidad que alcanzaba para que pudiera ver mi propia carne, mientras muchas personas les gritaban a los oficiales que me dejaran en paz. Y aun así, no bastó para que se compadecieran. Me destrozaron, me hicieron mierda.

Hoy, a pocas horas de la navidad y a varios días de la cacería oficial, todavía no puedo borrar la imagen de mi estómago perforado, atravesado, desangrándose. No exagero, ojalá, realmente pensé que me iba para arriba. Pues no conformes con lastimarme hasta más no poder, también intentaron obstaculizar el trabajo de los ambulancieros que me socorrieron. Y así, el calvario duró cerca de diez minutos, hasta que me trasladaron al Argerich. Pero inexplicablemente, cuando creía por fin estar a salvo, volvieron a tratarme como si fuera un delincuente. Muerto de sed, me hicieron morder un pedacito de gasa mojada, mientras me ataban con vendas las muñecas. Y en el trayecto o en el propio hospital, me robaron la mochila.

Al día siguiente, me descartaron, de una. Volví a mi casa con una pierna sin lavar, casi rostizada. Y horas después me volvieron a internar. Acá sigo, masticando la rabia, la impotencia y las felices fiestas. Porque sí, son días de mucha bronca, pero por momentos le agradezco a Dios que no me estén velando, porque en ese caso sería otra historia la que seguramente les estarían contando. Hoy, el dolor me impulsa a pedir justicia para que los responsables paguen por lo que me hicieron, a mí y a tantas personas que no tenemos micrófono, ni empleador, ni “fuerzas de seguridad”. Todos lo vieron. Y si no, ahí tienen el video, para analizar esa realidad que sus medios recortan tan bien...

¿Fuerzas de Seguridad?
¿De seguridad para quién?

Informe anual de CORREPI sobre la situación represiva

Compañeros y compañeras:

Los acontecimientos de la semana pasada y la necesidad de apurar la soltura de los detenidos y detenidas en las represiones del martes y el jueves pasado, obligaron, por primera vez en 22 años, y en las vísperas de un nuevo aniversario de la rebelión popular de 2001, a postergar este acto en el que CORREPI presenta el Informe anual de la situación represiva en Argentina y difunde la actualización del Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. 

Envalentonado tras el resultado electoral, el gobierno de Mauricio Macri y sus socios dio en este mes de diciembre un salto de calidad e intensidad en su política represiva, que superó con creces la espiral iniciada hace dos años, y que venimos denunciando desde entonces.
En un escenario de permanentes ataques al pueblo trabajador desde el inicio de la gestión de Cambiemos, como vamos a ir viendo a lo largo de este acto, con hechos de inusitada gravedad como la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel, las últimas dos semanas dan cuenta de una mayúscula avanzada represiva.

El viernes 8 de diciembre, grupos especiales de la Policía de Neuquén cargaron contra los trabajadores que tomaban la maderera MAM, que desde junio luchan por defender sus puestos de trabajo. El obrero ceramista y diputado provincial del FIT, Raul Gadoy, que estaba en el corte solidarizándose con los trabajadores, recibió un balazo por la espalda que le produjo una fractura expuesta a la altura del tobillo. 

El mismo día, en Catamarca, la policía provincial disparó con cartuchos cargados con sal gruesa contra estudiantes secundarios que festejaban el fin del año lectivo en una plaza.
El martes 12, la represión también vendría por partida doble: En Chubut, por orden del juez federal Guido Otranto, la gendarmería desalojó el camping Yapay Peñi en el que hace más de 100 años reside la familia originaria Cárdenas Alarcón Coronado. 

En la ciudad de Buenos Aires, al término de la movilización contra la presencia de la Organización Mundial de Comercio, una veintena de manifestantes fueron acorralados por la policía de la Ciudad y la gendarmería en la esquina de Corrientes y Callao. La presión de quienes de inmediato se agolparon frente al vallado de las fuerzas de seguridad permitió liberar a la mayoría, pero dos compañeros y una compañera quedaron detenidos. Después de casi tres días de presencia militante en la comisaría de la comuna 15 y los tribunales de Comodoro Py, el docente de SUTEBA Escobar, Hernán Centeno, la referente de la Defensoría de Géneros de Luján, Natalia Pérez y un hombre en situación de calle, recuperaron su libertad en la madrugada del viernes.

Para entonces, eran ya 45 los nuevos detenidos y detenidas, distribuidos en diferentes dependencias de la policía de la Ciudad, la Policía Federal y la Gendarmería, después de que esas fuerzas ocuparan con lógica militar la zona del Congreso y reprimieran a quienes nos manifestábamos contra la reforma previsional. Fueron necesarios otros tres días de sostenida movilización en comisarías y tribunales para lograr la liberación de 40 de los compañeros y compañeras. Por diversas razones formales, como la dificultad para constatar los domicilios, cuatro compañeros y una compañera aún permanecen detenidos, alojados en unidades penitenciarias.
El lunes de esta semana, 18 de octubre, una nueva aún más masiva movilización al Congreso fue reprimida, con la cifra récord de 130 detenidos y detenidas y 60 heridos, algunos de mucha gravedad. Tres trabajadores, Horacio Ramos del FOL, Roberto Álvarez del PO y Daniel Nievas de Astilleros Río Santiago, perdieron un ojo por disparos de postas de goma directamente a la cara y a corta distancia. 
La contundencia de la movilización posterior a la represión logró que, a diferencia de los casos anteriores, los compañeros y compañeras fueran liberados desde las mismas comisarías, en la noche y madrugada del martes, sin pasar por el traslado a tribunales y las indagatorias.
El 20 de diciembre, día de tanto peso simbólico para la clase en Argentina, la represión cayó sobre los trabajadores y trabajadoras del Ingenio Esperanza, en Jujuy, con veinte detenidos, entre ellos un abogado de los trabajadores, casi 100 heridos y orden de detención para la Comisión Directiva del Sindicato del Azúcar. 

Todos esos hechos represivos están unidos en una misma decisión política del gobierno de Cambiemos, que es avanzar con paso marcial y a cualquier costo hacia una transformación profunda y a largo plazo de las relaciones del capital y el trabajo en nuestro país. Ése y no otro es el objetivo del paquete de reformas, previsional, impositiva, laboral, educativa y de la salud, que, con el respaldo del resultado electoral de octubre, pretende readecuar las relaciones capitalistas en nuestro país, a tono con el ciclo de acumulación a nivel mundial.
El gobierno de Cambiemos no está solo para encarar este nuevo ciclo neoliberal. Ya lo vimos el lunes en el Congreso, con 20 votos del PJ, negociados con los gobernadores, apoyando la reforma, y varios diputados del Frente Para la Victoria, como Daniel Scioli, ausentes. Ni hablar de la burocracia sindical de la CGT, con sus idas y vueltas y alguna tibia amenaza de paro sin movilización, alejados de cualquier actividad que signifique defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras; o de los medios hegemónicos que despliegan hace meses una operación para criminalizar la protesta y estigmatizar a los que resisten, a los que asimilan con terroristas y violentos criminales subversivos. En la misma dirección, brinda su apoyo el aparato judicial, cuyos jueces y fiscales, en especial del fuero federal, sacaron del armario imputaciones como intimidación pública, generosamente aplicada a todas y todos los encausados desde la marcha por Santiago el 1º de septiembre hasta hoy.

Pero los acontecimientos de esta semana han demostrado, además, que el pueblo trabajador también escala en su capacidad para enfrentar estos ataques. Dando prueba de que hay una memoria colectiva acumulada, ya el martes 11 fueron las y los transeúntes casuales quienes se sumaron a gritar “largá los pibes” en Callao y Corrientes, y forzaron la liberación de la mayoría. 
El gobierno apostó a que las balas, los golpes y los gases del jueves en Congreso, y las decenas de rehenes retenidos por el poder judicial, nos iban a dejar temerosos y disciplinados, dando paso libre, el lunes, al ajuste y el saqueo. No fue así. Ese día la movilización fue más masiva todavía. Cuando más nos reprimieron, cuando más asesinos se mostraron, más salimos a las calles, en mayor número y con mayor predisposición a dar pelea. No pudimos evitar los arreglos de cúpula que convirtieron en ley el saqueo a jubilados y niños, pero mostramos que hay un pueblo que lucha y no se rinde. 
Apenas unas horas después, mientras muchos y muchas recorríamos hospitales y comisarías, empezamos a escuchar, en cada cruce de avenidas, en cada plaza, el repiqueteo de las cacerolas. Cacerolas, como en 2001, que reclamaban contra el ajuste, y también contra la represión. Bastaron unas pocas horas para que crecientes columnas empezaran a recorrer las avenidas hacia el Congreso, hacia esta Plaza, y la noche y la madrugada se iluminaran con nuevos fuegos de diciembre.

También ahí nos reprimieron, pero de nuevo salimos a las calles el martes a la noche, y el miércoles. Y acá estamos hoy.

Ellos nos dicen violentos, y respondemos:
Violentos son los que hambrean al pueblo, 
Violentos son los que arrebatan derechos, 
Violentos son los que discursean sobre la democracia con las manos manchadas de sangre de trabajadores,  
Violentos son los que reivindican genocidas,
Violentos son los que encarcelan trabajadores y trabajadoras, mientras buscan de cualquier modo la impunidad de los represores,
VIOLENTOS SON ELLOS, que sólo saben de privilegios e invocan la paz mientras profundizan la explotación y la opresión.
Nosotros y nosotras somos quienes nos alzamos contra las injusticias, las y los que vamos aprendiendo que la tarea es la unidad, esa que se grita y se construye en las calles, codo a codo, en la solidaridad de clase que nos distingue, y nos reclama luchar por un mundo sin miseria ni explotación, sin opresión ni represión.
Por eso estamos hoy de nuevo en esta Plaza. Porque es en las calles donde se escribe la historia, con unidad, y dispuestos a dar todas las peleas.

viernes, 7 de julio de 2017

Jones Huala desde la cárcel: "Llamamos a levantarse al pueblo mapuche y al resto de los pueblos oprimidos"

El líder mapuche dialogó con La Retaguardia desde la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal en Esquel, en el pabellón 6. Allí se encuentra detenido desde que la Gendarmería lo identificó en un control vial y lo apresó por un pedido de captura que ya había sido levantado. Sus abogadas Eli Gómez Alcorta y Sonia Ivanoff plantean que aplica la figura de privación ilegal de la libertad, pues la justicia inició un proceso paralelo a otro en curso, ambos por el mismo hecho. (Por La Retaguardia) 

Nora Cortiñas en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo de hoy pidiendo la libertad de Jones Huala (Foto: Laura Mapu)

"Gracias por la comunicación y buenas noches a todos. Antes de venir acá estuve en un escuadrón de Gendarmería en Bariloche y estuve en huelga de hambre. Duró poco porque pude al menos conseguir que se respeten las condiciones carcelarias porque me habían aislado en la celda de castigo y me habían quitado algunas cuestiones inherentes a mi salud tradicional mapuche", denunció Jones Huala y contextualizó: "Eso sumado al contexto represivo e injusto del doble juzgamiento en el que me encuentro inserto. No tengo sorpresa con la detención. Por ahí con el modo en que sucedió, pero esperábamos esta respuesta del Estado tarde o temprano. Nunca han dejado de intentar seguir con el atropello como sucedió en enero en una represión grande que hubo a partir de una recuperación de tierras con detenidos, mi primo parte de la mandíbula. Esperábamos respuestas del Estado pero nunca pensamos que iba a ser tan burda", planteó.

La demonización de los medios tradicionales

"Los medios hegemónicos han hecho mucha campaña a favor de esta persecución, son parte de los círculos de poder y de poder económico. Seguramente tienen mucha relación con la oligarquía terrateniente y con las empresas trasnacionales", consideró el mapuche.
"Me enteré cuando fui detenido que el día anterior se reunieron Macri y Bachelet. Lo leí en el diario Clarín y vi que habían hablado de mi caso. Ahí se fue clarificando un poco más la cosa aunque nosotros ya teníamos conocimiento de la importancia que tenemos para el ministerio de Seguridad de la Nación. Esto termina de confirmar la idea de la persecución política cada vez más evidente y explícita", denunció.
Además, Jones Huala explicó por qué piensa que lo busca con tanto ímpetu el gobierno chileno: "Igual que aquí, en Chile somos un peligro para las oligarquías regionales, para las empresas trasnacionales. Somos una propuesta que puede generar un proceso de liberación y llegar a inspirar a otros pueblos en la lucha anticapitalista. Somos un pueblo que nunca ha podido ser derrotado del todo, ni siquiera militarmente. Si bien siempre hemos estado en inferioridad de condiciones con respecto al poder de fuego del enemigo recordemos que el pueblo mapuche resistió cerca de 300 años a la corona española antes de ser derrotado por los ejércitos argentino y chileno", recordó. "Eso habla de una capacidad táctica y política del pueblo mapuche que aún no ha podido ser comprendida por el enemigo occidental. Eso es lo que temen los gringos. Los patrones de estos estados subdesarrollados en los que vivimos. Con la irrupción de gente como Donald Trump en Estados Unidos creo que vuelve esa preocupación. Esto se enmarca en estrategias de contrainsurgencia surgidas después de la guerra de Vietnam", analizó Jones Huala.

Propuesta mapuche

"La lucha del pueblo mapuche es histórica contra dos Estados opresores y también anteriormente contra la corona española. Es de supervivencia. Fuimos dominados y colonizados en los últimos 130 años, incorporados al Estado argentino y chileno a la fuerza a través de una guerra de ocupación. Para los intereses imperiales de la época, hoy estamos sometidos por el sistema capitalista en el tercer mundo. Hemos encarado una lucha de liberación nacional mediante la idea de reconstrucción de nuestro mundo desde una perspectiva anticapitalista, antioligárquica y antiimperialista con un gran contenido filosófico popular", destacó. "Nos planteamos las propuestas políticas desde nuestra lógica mediante la recuperación de las tierras productivas y sagradas y en la reconstrucción práctica de nuestro mundo nosotros no planteamos la toma de poder del Estado ni la destrucción del Estado tampoco. Al menos no de manera directa, invitamos al resto de la sociedad y los pueblos a encarar sus propias luchas revolucionarias y generar la transformación social necesaria para crear un mundo diferente", explicó. "Nosotros planteamos que las comunidades puedan vivir de manera ancestral, antigua, con nuestras propias formas y con el derecho de autodeterminación de los pueblos. Como decía también con un claro contenido revolucionario", aclaró.
Jones Huala consideró: "Tenemos un enemigo difícil pero no claudicamos y esa es la razón por la que se da la persecución política: la propuesta política y que somos enemigos declarados de este sistema económico. También la crítica hacia los sectores mapuches reformistas. Muchos han recibido financiamiento de organismos como el Banco Mundial y son los que terminan transando con los políticos, los gobernantes y las empresas. Nosotros pertenecemos al sector más consecuente, autónomo, libertario del movimiento mapuche y nos consideramos totalmente enemigos del capitalismo porque es algo antinatural". Para el referente, "ser mapuche hoy en día es ser consecuente con la filosofía propia que nos plantea necesariamente ser anticapitalistas. Tenemos que definir al enemigo con su cara real en el territorio en el que estamos. El territorio mapuche siempre estuvo donde hoy están los intereses mineros, petroleros y extractivistas en esta parte del mundo. Hay una gran jugada geopolítica de los gringos. Nosotros como actor político ancestral pero emergente nos hemos ido convirtiendo en un enemigo real de todos estos intereses económicos que pretenden dominar siempre a los pueblos", sintetizó.
"La lucha mapuche sostenida ha hecho tambalear al modelo económico capitalista al menos en la región. Eso es lo que más preocupa a los intereses de los ricos", definió.

Represión

En relación a la movilización pidiendo su libertad, expresó: "Agradezco a los compañeros que fueron a solidarizarse, eso me da fuerza y valor porque es una noción de que se va reconociendo la propuesta política, la lucha mapuche y la justicia de nuestros reclamos. Por otro lado, me da un poco de rabia la represión pero así es como ataca el Estado a las luchas genuinas, populares y dignas. Fuerza a los compañeros. Eso invita a organizarse, a tejer redes entre los distintos sectores del campo popular que nos están apoyando pero invita a buscar una construcción conjunta más allá de la construcción política tradicional por fuera de la doctrina partidaria clásica", planteó. "Sin renunciar a las identidades políticas que cada uno pueda tener pero quienes tienen perspectivas revolucionarias genuinas deben darse un tiempo de construcción acorde a la cultura del lugar donde viven, de los pueblos con los que se contactan. Es importante recalcar el compromiso de los compañeros que han sido detenidos en la lucha y en el apoyo a una causa justa", destacó. "Eso habla de la crudeza y de la injusticia de este estado fascista. Fuimos reprimidos muy duramente por el kirchnerismo, baleados, torturados, espiados ilegalmente. Con el macrismo eso se ha multiplicando mucho más a causa de las políticas económicas de este gobierno explícitamente de derecha y neoliberal", definió.

Llamado

Por último, Jones Huala se dirigió a la sociedad, primero en su lengua y luego traduciendo: "Transmito un mensaje de lucha y levantamiento para que podamos golpear al capitalismo. Nosotros reivindicamos todas las formas de lucha, volvemos a reivindicar la violencia política como método de defensa pero también como herramienta de liberación. Creemos que es necesario darle golpes al capitalismo, sabotearlo, hacerse cargo de los discursos revolucionarios y volver a encarar una nueva etapa en la lucha de los pueblos", insistió. "Llamamos a levantarse al pueblo mapuche y al resto de los pueblos oprimidos para encarar esta lucha de liberación de la humanidad", concluyó Jones Huala desde el Penal de Esquel, donde espera que la justicia decida sus próximos pasos en una larga lucha por la tenencia de la tierra y el respeto por los pueblos originarios.