Los retrocesos en derechos humanos
El trabajo del organismo internacional señala la criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias y muertes en el contexto de reclamos sociales y discriminación de los pueblos originarios. El Gobierno lo calificó como “sesgado y poco riguroso”.
Amnistía habla en su informe del uso excesivo de la fuerza policial y de detenciones arbitrarias.
Criminalización de la protesta social. Detenciones arbitrarias y muertes en el contexto de reclamos sociales. Criminalización y discriminación a pueblos indígenas. Retrocesos en el reconocimiento de derechos de personas migrantes. Dificultades de mujeres y niñas para acceder al aborto legal. Incumplimiento de la orden internacional de liberar a Milagro Sala.
Los seis puntos forman parte del capítulo argentino del informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2017, que difundió ayer Amnistía Internacional (AI) y que incluye un análisis de las violaciones a derechos humanos en 159 países. La directora de AI Argentina, Mariela Belski, destacó además la creciente propagación de noticias falsas para manipular a la opinión pública y advirtió que “la retórica del ‘nosotros contra ellos’ fomenta agresiones que intentan destruir la credibilidad de quienes trabajamos en la defensa e los derechos humanos”. Para el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, el informe de Amnesty Internacional es “sesgado, incompleto y poco riguroso”.
Ya en el análisis de la “perspectiva regional” dedicada a las “Américas”, Amnesty destaca que al cierre del informe “se seguía criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas en Argentina, donde las autoridades empleaban procedimientos penales para hostigarlos”, y entre casos de “palizas e intimidación” destaca el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, que en palabras del organismo “murió de manera violenta durante un desalojo” de Prefectura. Al tratar los “derechos de pueblos indígenas”, recuerda que la mayoría de las comunidades no cuentan con el reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra que establece la Constitución. Apunta que ya en enero de 2017 la policía de Chubut y Gendarmería cerraron los acceso a la Pu Lof en Resistencia para golpear, intimidar y detener a sus miembros y que en agosto la misma fuerza federal “llevó a cabo una operación ilegal durante la cual desapareció Santiago Maldonado”. En Neuquén, en tanto, el plan de inversión para el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta no contó con la participación de la comunidad Lof Campo Maripe, apunta Amnesty, que toma nota de “procedimientos judiciales para intimidad a pueblos indígenas” y de la detención durante 190 días de Agustín Santillán, líder los wichis en Formosa.
En materia de libertad de expresión y reunión, se destacan las “detenciones indiscriminadas” durante la manifestación del Día de la Mujer el 8 de marzo, la represión “con violencia” a los docentes que en abril reclamaban por salarios justos y las 31 personas “violentamente detenidas y retenidas” durante dos días en comisarías tras “una manifestación masiva” por la desaparición de Maldonado. En diciembre, cuando una multitud salió a las calles para repudiar la reforma previsional, “la policía hizo un uso excesivo de la fuerza y hubo denuncias de detenciones arbitrarias”. En el caso de la líder de la Tupac Amaru, “no se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria” de Naciones Unidas que exigió la “liberación inmediata” de Sala, y se atendió sólo “parcialmente” el pedido de la CIDH “ya que las condiciones impuestas” en el arresto actual no cumplen “las normas nacionales e internacionales”.
“Obstáculos para acceder a un aborto legal” en los casos previstos por la ley, resume Amnistía al tratar los derechos sexuales y reproductivos, y recuerda que “la despenalización plena está pendiente de aprobación en el Congreso”. La violencia contra las mujeres implicó “al menos 254 feminicidios” en once meses, en tanto “el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres para 2017–2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”.
En el fragmento dedicado a derechos de refugiados y migrantes, Amnistía destaca que “sin debate parlamentario, el gobierno modificó la Ley de Migraciones de 2004 par limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones”. Apunta además que pese al compromiso de recibir a 3000 refugiados de Siria, no se creó “ningún programa de reasentamiento” y apenas 400 se beneficiaron de “un plan de patrocinio privado y de visados por razones humanitarias”.
