Juicio de extradición de Facundo Jones Huala

La comunidad en resistencia de Cushamen realizó una conferencia de prensa para ratificar su apoyo al Lonko y anunciar un acampe fuera de la sala de audiencias con el objetivo de sostener la solidaridad con Jones Huala. Radio Zona Libre transmitió en vivo a través de su Facebook la conferencia de la que participaron principalmente Soraya Maicoño (intengrante de la Lof), Isabel Huala (la madre de Facundo) y Matías Santana (integrante de la Lof y testigo de la desaparición forzada de Santiago Maldonado). La Retaguardia y Radio Zona Libre realizarán mañana una transmisión especial para la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) para seguir los sucesos del juicio de extradición a Chile de Facundo Jones Huala. (Por Radio Zona Libre y La Retaguardia, desde Bariloche)

Isabel Huala: "Estamos fuertes para la lucha que tenemos que dar como pueblo"

La madre de Facundo Jones Huala, que enfrentará mañana un segundo juicio de extradición a Chile, planteó: "No puedo esperar nada de este sistema, de esta justicia, cuando ni siquiera respeta a sus propias leyes porque va a hacer un segundo juicio ilegal por las mismas causas. Se suponía que iba a estar 30 días preso y ya lleva muchos meses. No importa su familia, si hay abuelos o niños que lo esperan. No importa su reconstrucción como mapuche. No puedo esperar nada de esta justicia. El intendente ni ningún funcionario jamás se acercó a mi. Nosotros estamos fuertes para la lucha que tenemos que seguir dando como pueblo. Gracias a todos los que quieren acompañar, prefieren escuchar la verdad. Facundo está bien, fortalecido, con ganas de seguir luchando, no tiene miedo a la justicia. Asumió su prisión política como un verdadero mapuche la tiene que asumir: con voluntad y sacrificio".

Desde APDH Río Negro, expresaron solidaridad con el Lonko y plantearon: "Lo que ocupan en el encarcelamiento de Facundo y la persecución a la comunidad tendría que estar puesto en generar los canales de diálogo necesarios para dar cumplimiento a las leyes y generar las bases para que las comunidades tengan acceso a sus tierras. Mientras tanto, estamos en un retroceso profundo a las leyes que deberían cumplir y que han consagrado en la constitución nacional en la reforma de 1994: el reconocimiento del hábitat, del medio ambiente y de la tierra para las comunidades mapuches. Estamos acompañando, esperando y pidiendo al gobierno provincial, a las Fuerzas de Seguridad, que no haya ningún tipo de intimidación ni represión. Vamos a seguir atentamente lo que sucede. Queremos la libertad de Facundo, plena vigencia de los derechos democráticos, de la paz y la convivencia entre nuestros pueblos".

La vocera de la comunidad, Soraya Maicoñó, explicó las razones del acampe que comenzó hace algunas horas: "La idea es hacer un acampe informativo, cultural, para acompañar al Lonko del mismo modo que sucedió en el primer juicio de extradición en 2016 y poder darle micrófono y voz a las distintas comunidades, que cuenten su situación y conflictos en el territorio. También habrá lugar para todas aquellas personas de organizaciones que nos vinieron a acompañar. También aprovecho para agradecer a todas las personas que se han movilizado y se siguen movilizando hasta este lugar para acompañarnos, para que se pueda visibilizar el hostigamiento que estamos viviendo como pueblo mapuche. Por primera vez en la historia se va a llevar un segundo juicio, se va a juzgar doblemente a una persona por la misma causa", denunció Soraya Maicoño. "En Chile es una causa donde todas las personas procesadas fueron absueltas, entonces es muy probable que de darle la extradición lo liberen inmediatamente porque en realidad la investigación ya cerró y no hay nada más que juzgar. Lo que aquí muestran los gobiernos nacional y provinciales tanto de Chubut, Río Negro y Neuquén es que aquellas personas mapuche y no mapuche que quieran reclamar por algo legítimo y digno como es la defensa del territorio tendrán como destino la cárcel e incluso la muerte como pasó con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Nora Cortiñas ya se encuentra aquí, (Adolfo) Pérez Esquivel no pudo arrimarse por una cuestión de agenda, está nuestro amigo Pablo Pimentel, hay un grupo de gente que vienen de grupos de derechos humanos a nivel nacional, también organizaciones políticas, sociales y ambientalistas de diferentes partes del país. Mañana a las 8:30 de la mañana va a haber manifestaciones y radios abiertas en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, Chubut y en Italia (en uno de los locales de Benetton)", explicó sobre los distintos puntos de resistencia con motivo de este juicio.

Matías Santana, testigo en el caso Maldonado, por su parte, expresó: "Aquí no hay más que una persecución política a todos los luchadores sociales que levantaron la bandera por vivir en un mundo mejor, por construir ese poder que nos han sacado los terratenientes. Este sistema de persecución judicial y política. La conciencia del proletariado, de los explotados, es lo que va a dar mañana un triunfo político que tiene que ser de todos los compañeros que se encuentran resistiendo en los diferentes procesos de recuperación territorial, en las calles manifestando, pidiendo justicia por nuestros compañeros caídos en batalla defendiendo lo que estos terratenientes nos han quitado. Invito a todos los peñi y las lamien de los barrios a que se acerquen, nos unamos y sintamos el legado que dejaron nuestros abuelos: luchar por nuestro territorio. Tenemos que reconstruir nuestro mundo mapuche como era antes, pero eso tampoco quita que nosotros nos vayamos a despegar de las organizaciones sociales que están en lucha", planteó.

Mañana, entonces, será el día en el que se decidirá si Facundo Jones Huala queda en libertad o si es extraditado a Chile para ser juzgado en una causa por la que el resto de los mapuches acusados han sido liberados. 

El juzgado federal de Bariloche había anunciado que acreditaría para mañana solo a 7 periodistas. Sin embargo, esta tarde, tal vez luego de la presión de una comisión de organismos de derechos humanos, que visitaron el juzgado para reclamar por la publicidad del juicio, y de la propia abogada defensora de Jones Huala, Sonia Ivanoff, que presentó hace unos días un pedido en el mismo sentido, La Retaguardia y Radio Zona Libre han sido acreditados y estarán en la sala donde se definirá la situación del Lonko.

Informe crítico de Amnistía Internacional sobre la situación argentina

 Los retrocesos en derechos humanos

El trabajo del organismo internacional señala la criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias y muertes en el contexto de reclamos sociales y discriminación de los pueblos originarios. El Gobierno lo calificó como “sesgado y poco riguroso”.

Amnistía habla en su informe del uso excesivo de la fuerza policial y de detenciones arbitrarias.

Criminalización de la protesta social. Detenciones arbitrarias y muertes en el contexto de reclamos sociales. Criminalización y discriminación a pueblos indígenas. Retrocesos en el reconocimiento de derechos de personas migrantes. Dificultades de mujeres y niñas para acceder al aborto legal. Incumplimiento de la orden internacional de liberar a Milagro Sala. 

Los seis puntos forman parte del capítulo argentino del informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2017, que difundió ayer Amnistía Internacional (AI) y que incluye un análisis de las violaciones a derechos humanos en 159 países. La directora de AI Argentina, Mariela Belski, destacó además la creciente propagación de noticias falsas para manipular a la opinión pública y advirtió que “la retórica del ‘nosotros contra ellos’ fomenta agresiones que intentan destruir la credibilidad de quienes trabajamos en la defensa e los derechos humanos”. Para el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, el informe de Amnesty Internacional es “sesgado, incompleto y poco riguroso”.

Ya en el análisis de la “perspectiva regional” dedicada a  las “Américas”, Amnesty destaca que al cierre del informe “se seguía criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas en Argentina, donde las autoridades empleaban procedimientos penales para hostigarlos”, y entre casos de “palizas e intimidación” destaca el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, que en palabras del organismo “murió de manera violenta durante un desalojo” de Prefectura. Al tratar los “derechos de pueblos indígenas”, recuerda que la mayoría de las comunidades no cuentan con el reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra que establece la Constitución. Apunta que ya en enero de 2017 la policía de Chubut y Gendarmería cerraron los acceso a la Pu Lof en Resistencia para golpear, intimidar y detener a sus miembros y que en agosto la misma fuerza federal “llevó a cabo una operación ilegal durante la cual desapareció Santiago Maldonado”. En Neuquén, en tanto, el plan de inversión para el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta no contó con la participación de la comunidad Lof Campo Maripe, apunta Amnesty, que toma nota de “procedimientos judiciales para intimidad a pueblos indígenas” y de la detención durante 190 días de Agustín Santillán, líder los wichis en Formosa.

En materia de libertad de expresión y reunión, se destacan las “detenciones indiscriminadas” durante la manifestación del Día de la Mujer el 8 de marzo, la represión “con violencia” a los docentes que en abril reclamaban por salarios justos y las 31 personas “violentamente detenidas y retenidas” durante dos días en comisarías tras “una manifestación masiva” por la desaparición de Maldonado. En diciembre, cuando una multitud salió a las calles para repudiar la reforma previsional, “la policía hizo un uso excesivo de la fuerza y hubo denuncias de detenciones arbitrarias”. En el caso de la líder de la Tupac Amaru, “no se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria” de Naciones Unidas que exigió la “liberación inmediata” de Sala, y se atendió sólo “parcialmente” el pedido de la CIDH “ya que las condiciones impuestas” en el arresto actual no cumplen “las normas nacionales e internacionales”.

“Obstáculos para acceder a un aborto legal” en los casos previstos por la ley, resume Amnistía al tratar los derechos sexuales y reproductivos, y recuerda que “la despenalización plena está pendiente de aprobación en el Congreso”. La violencia contra las mujeres implicó “al menos 254 feminicidios” en once meses, en tanto “el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres para 2017–2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”.

En el fragmento dedicado a derechos de refugiados y migrantes, Amnistía destaca que “sin debate parlamentario, el gobierno modificó la Ley de Migraciones de 2004 par limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones”. Apunta además que pese al compromiso de recibir a 3000 refugiados de Siria, no se creó “ningún programa de reasentamiento” y apenas 400 se beneficiaron de “un plan de patrocinio privado y de visados por razones humanitarias”.

Abrazo y paro en el Hospital Posadas

Masivo reclamo por los 122 trabajadores despedidos del hospital

El Gobierno desplegó un fuerte operativo de seguridad para evitar un corte en la autopista. Organizaciones políticas y sociales, organismos de derechos humanos, vecinos y pacientes insistieron en rechazar el fuerte ajuste en el centro de salud.

Por Laura Vales

Gendamería impidió el corte de la Autpista Acceso Oeste, en Morón, por parte de los manifestantes. 

Los trabajadores del Hospital Posadas continúan con las acciones para mantener visible el reclamo por la reincorporación de 122 despedidos. Acompañados por organizaciones políticas y sociales, organismos de derechos humanos, vecinos de los barrios cercanos y pacientes, ayer hicieron un abrazo al hospital público de alta complejidad, el más importante centro de atención de la salud del oeste del conurbano. El Posadas tiene bajo su área de cobertura a cuatro millones de personas. Los trabajadores denuncian que los despidos de enfermeras y técnicos implican el cierre de servicios como neonatología, cirugía cardiovascular y terapia intensiva pediátrica.  

Durante la jornada, en el Posadas hubo un paro de 24 horas. Los trabajadores habían anunciado que cortarían la autopista pero, como viene siendo habitual frente a los reclamos por despidos, el gobierno desplegó un fuerte operativo de gendarmería. En cuanto los manifestantes quisieron acercarse al asfalto, los gendarmes, con escudos antidisturbios y el apoyo de camiones hidrantes, rodearon la columna. La protesta se movilizó entonces hasta la estación de Ramos Mejía.

“Los 122 despidos llegaron sin previo aviso. Ninguno de los 122 tenía faltas, no hubo ningún motivo que justificara legalmente las cesantías. La mayoría de los que quedaron sin trabajo son mujeres, enfermeras, algunas con hasta 20 años de en el hospital”, contó Luis Escobar. El delegado de ATE señaló que en su reemplazo, la dirección  “hizo entrar a compañeros monotributistas: No estamos en contra de ellos, que no tienen la culpa de la situación; pero son compañeros sin experiencia, en algunos casos que todavía no se recibieron, y que los pusieron a reemplazar a enfermeras calificadas, con 20 años de experiencia y una licenciatura. Esto muestra lo que les importa la salud pública”.

Los despidos tuvieron por otra parte un claro carácter antisindical, ya que incluyeron a 17 de los 23 delegados de la Cicop, a afiliados de una lista de ATE opositora a la conducción local y a las enfermeras que habían participado de medidas para oponerse a un intento de extender la jornada laboral de 10 a 12 horas. 

En medio del conflicto, las autoridades del hospital tomaron una medida para ahogar financieramente a la Asociación de Profesionales de la Salud (Cicop) y el Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS) del Posadas, al no ejecutar el descuento de la cuota sindical de sus afiliados en los sueldos de enero.  

Los gremios denunciaron la omisión como un acto ilegal. Guillermo Pacagnini, de Cicop, señaló que la Asociación tiene personería gremial, por lo que las autoridades del hospital están obligadas a hacer de agente de retención de la cuota de los afiliados para transferírselos al gremio.  

El abogado laboralista Guillermo Pérez Crespo explicó a su vez que en el caso del Sindicato de Trabajadores de la Salud, las autoridades del hospital tampoco están habilitadas a omitir el descuento. “El sindicato tiene simple inscripción, pero hace años interpuso una acción de amparo, justamente porque el Hospital en un conflicto anterior dejó de retenerle la cuota sindical. La justicia dio la razón a los trabajadores y ordenó al Hospital retener por planilla salarial la cuota sindical de los afiliados al STS. La sentencia del juzgado del trabajo nº 58 es de mayo de 2012 y fue confirmada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en agosto de ese mismo año. Mantiene, por supuesto, plena vigencia”.

Este aspecto del conflicto, seguramente árido para muchos, es sin embargo clave para que los gremios puedan sostener en el tiempo los reclamos por despidos, dando contención económica a los que perdieron su trabajo durante el tiempo que sea necesario mantener la movilización por las reincorporaciones.

Por orden de Benetton la Policía de Chubut volvió a invadir la Pu Lof de Cushamen

El territorio mapuche donde el Estado perpetró el crimen de Santiago Maldonado volvió a ser allanado judicialmente a pedido del grupo terrateniente italiano. La Policía les secuestró todos los caballos.

@saturnetroc

 Foto Joaquín Díaz Reck/Enfoque Rojo

En la madrugada de este viernes, por orden de la jueza penal Graciela Rodríguez y a pedido del fiscal general de Esquel Carlos Díaz Mayer, unos 400 efectivos de la Policía de Chubut, a quienes se sumó personal del Grupo GEOP, con al menos una decena de móviles y algunas camionetas Renault Duster sin patente invadieron (nuevamente) la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, el territorio mapuche en el que hace seis meses, tras una brutal represión de la Gendarmería Nacional, desapareció y finalmente fue hallado muerto Santiago Maldonado.

Esta vez la excusa del Estado para ingresar por la fuerza al predio, mantener durante horas privados de su libertad y con las manos precintadas a sus habitantes, dar vueltas las viviendas como una media y requisar hasta el último rincón fue una denuncia de la Compañía de Tierras del Sud (propiedad de Benetton) por presunto abigeato (robo de animales).

En la noche del jueves la información del posible allanamiento había circulado por grupos de Whatsapp y redes sociales, poniendo en alerta a todas las organizaciones y personas solidarias con la comunidad mapuche. Dicho y hecho, pasadas las 5 de la mañana un enorme operativo de la Policía provincial con apoyo de la Gendarmería sobre la Ruta Nacional 40 cortó los accesos a la zona de la Pu Lof con el objetivo de impedir el acercamiento de personas de la comunidad que no estuvieran en ese momento dentro del territorio, como de organizaciones solidarias y periodistas.

El ingreso al predio se realizó con la habitual violencia que utilizan las fuerzas represivas en estos casos. Según pudo relevar la periodista Adriana Meyer desde la zona, luego de romper el candado de la tranquera e ingresar al grito de "arriba las manos, al suelo" (sic), los efectivos procedieron a atar de manos con precintos plásticos a los miembros de la comunidad que se encontraban en el ingreso a la Pu Lof. Así los mantuvieron durante las horas que duró el operativo, en el que ingresaron violentamente a las casas, inspeccionaron el río y hasta invadieron predios vecinos a la comunidad.

Desde la Pu Lof informaron que una de sus habitantes, Vanesa Millañanco, debió ser trasladada al hospital de El Maitén por una descompensación y baja de presión arterial producida por la violencia policial. Luego de la asistencia médica la mujer está en buen estado general de salud, pero la comunidad denuncia que fue golpeada en el momento del ingreso de los policías.

El operativo duró más de tres horas. A las 9:30 los mapuches informaron que se acababan de retirar las fuerzas policiales, "que ingresaron a las seis de la mañana, horario desde el que mantuvieron precintados a los miembros de la comunidad en el sector de la guardia sin dejarlos siquiera ir al baño".

Uno de los precintos que quedaron en el suelo de la Pu Lof (foto Gustavo Zaninelli)

Desde la Pu Lof denuncian que "en el procedimiento se llevaron todos los caballos pertenecientes a la comunidad", que esos animales "fueron retirados en un camión perteneciente a la Compañía Tierras del Sud" y que los oficiales volcaron datos falsos en las actas, como por ejemplo que el allanamiento concluyó "a las 11.45 siendo que finalizó alrededor de las 9 hrs".

La denuncia de Benetton

Si bien la orden la pidió el fiscal general de Esquel Díaz Mayer y la ordenó la jueza Rodríguez, el verdadero mandante del violento operativo fue, una vez más, el Grupo Benetton. En este caso a través de su mano derecha en la región, Ronald Mc Donald, quien formalmente es el administrador general de la estancia El Maitén pero en los hechos representa una porción importante del poder real en la comarca andina.

Según la denuncia judicial de Mc Donald, entre fines del 2017 y enero de este año un toro y 41 ovejas pertenecientes al emporio Benetton fueron robados de sus campos. El capataz del terrateniente acusa directamente del abigeato a los miembros de la comunidad mapuche de Cushamen, tanto a los de la Pu Lof como a los de Vuelta del Río.

No es la primera vez (y no será la última) que Benetton utiliza la excusa del robo de animales para lograr la persecusión, el procesamiento judicial, el encarcelamiento y hasta los ataques físicos a mujeres y hombres originarios. De hecho el abigeato es uno de los cargos más comunes utilizados por el Poder Judicial de la región para mantener bajo amenaza constante de prisión a la comunidad mapuche en su conjunto.

Abigeatos que, en su gran mayoría, no existen como tales ya que esos robos y traslados solo pueden ser ejecutados por organizaciones con una logística de la que carecen los mapuches y con la que solo cuentan los propios terratenientes o el Estado.

Mac Donald le dijo al fiscal Díaz Mayer, y este lo escribió en su pedido de allanamiento, que todas las sospechas recaen sobre los miembros de la Pu Lof y de Vuelta del Río, ya que supuestamente se habrían encontrado en los alrededores de los alambrados de Benetton huellas de caballos que "serían los animales que se habrían utilizado para cometer los hechos de abigeato".

Los denunciantes agregan que, producto de sagaces y silenciosas tareas de inteligencia ejecutadas por un cabo de apellido Ángelo y un subcomisario de apellido Fernández, se habría observado en la Pu Lof y en Vuelta del Río algunas ovejas, algunas lanas y (¿oh casualidad!) un toro.

En el pedido firmado el jueves 1° por Díaz Mayer, al que accedió la Izquierda Diario, el fiscal anticipaba a la jueza Rodríguez que se trataría de "un allanamiento de riesgo alto". ¿Por qué? Según él, tal riesgo se explica por lo sucedido en el pasado, sobre todo en "los procedimientos desplegados por la justicia provincial y la justicia de excepción durante el año 2017, que tuvieron trascendencia nacional". Es así que agrega la necesidad de un fuerte despliegue policial "para neutralizar y evitar cualquier acción que se pretenda llevar a cabo" por parte de los mapuches.

El "miedo" de Díaz Mayer se agrava al mencionar el supuesto hallazgo en allanamientos anteriores de un revólver calibre 38 "presto a ser utilizado" (¿?) y de que el "grupo de sujetos (los mapuches) "son avezados en el manejo y uso de ’gomeras u ondas de revoleo’". Y obviamente en que esos "sujetos" se encuentran "encapuchados".

Con semejante argumentación parece que a la jueza Rodríguez, si quiere llevarse bien con Benetton, no le quedó otra que ordenar el allanamiento. Y así se concretó. Es más, la jueza ordenó que el propio fiscal Díaz Mayer, un declarado enemigo de las comunidades mapuches de Chubut (sobre el que este diario ya ha escrito en reiteradas oportunidades), encabezara y dirigiera el allanamiento.

Ni el fiscal ni la jueza hicieron público hasta el momento si algún rastro del supuesto toro y las supuestas 41 ovejas de Benetton se encontró en el allanamiento. Y es probable que nunca digan la verdad. Lo que no quita que producto de esta nueva invasión al territorio mapuche se produzcan nuevos procesamientos y más persecución a las comunidades originarias.

Una vez retirados los perros de presa uniformados, desde la comunidad mapuche denunciaron "este nuevo atropello a Pu Lof Resistencia Cushamen", al que además califican como "totalmente ilegal". Entre otras cosas, denuncian, "no se contó con testigos del procedimiento, es decir que las fuerzas represivas hicieron lo que quisieron durante el tiempo que estuvieron dentro de Pu Lof y no descartamos que puedan generar algún tipo de montaje para culpar a los miembros de la comunidad a través de implantar falsas pruebas".

"Ya es sabido que las órdenes las da el Ministerio de Seguridad de la Nación, dirigido por Patricia Bullrich, la cual junto a todo el Gobierno nacional a la cabeza del presidente Mauricio Macri han lanzado una verdadera cacería contra el pueblo Mapuche y una campaña mediática de difamación verdaderamente sin escrúpulos", agregan.

No es pura casualidad que este allanamiento fuera pedido por Díaz Mayer el mismo día en que se cumplieron seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado. El fiscal decidió no esperar ni un minuto para continuar con la campaña estatal antimapuche. Por eso apenas terminó la feria judicial pidió ejecutar otro violento operativo.

Con el fin de la feria el juez Gustavo Lleral también debería reanudar la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte de Maldonado, donde la Gendarmería Nacional tiene todos los boletos comprados como responsable del crimen. En ese marco, dar un paso más en el amedrentamiento de los testigos del caso (casi todos ellos habitantes de la Pu Lof de Cushamen) era casi una cuestión de honor para el reaccionario Díaz Mayer.

*Informe Adriana Meyer

Con Infantería en los pasillos, anunciaron 160 despidos en el Hospital Posadas

Los trabajadores realizaron una asamblea en el hall del hospital para reclamar la reincorporación. Ante esta decisión, el centro de salud amaneció fuertemente custodiado por decenas de efectivos.

Casi 160 trabajadores fueron despedidos esta semana del Hospital Posadas, ubicado en el partido de Morón, y la dirección del nosocomio amaneció fuertemente custodiada por decenas de efectivos de Infantería de la Policía Federal.

La Dirección Ejecutiva del hospital, a cargo del médico Pablo Bertoldi Hepburn, no informó de manera individual los despidos sino que publicó una resolución con los nombres de los que sí renovarían su contrato.

“Hoy me enteré por una resolución de mi supuesta cesantía, de la que nadie se termina de hacer cargo ya que nos informaron que no estamos contemplados dentro de los listados de los contratos que se renuevan, ergo, estamos despedidos”, afirmó Luis Sucher, un empleado despedido con 19 años de antigüedad.

A través de las redes sociales, varios trabajadores denunciaron que las oficinas de la Dirección estaban colmadas de policías que impedían el pedido de explicaciones a las autoridades.

Una jornada de provocaciones a personas con más de 15 años de trabajo que las dejan en la calle

Los trabajadores se concentraron esta mañana en el hall del edificio y realizaron una asamblea para delinear los pasos a seguir en la lucha por su reincorporación.

16/01/18

La impunidad campa por sus anchas : Represores con domiciliaria

El 2017 terminó con 1038 represores detenidos, 549 de ellos con arresto domiciliario. El año pasado se instruyeron 593 causas, que aún continúan en trámite, y se dictaron 200 nuevas sentencias. El 67 por ciento de ellas fueron apeladas.

Tras el fallo del 2x1 de la Corte, hubo 118 condenados que pidieron acceder a ese beneficio.

La reciente prisión domiciliaria para el genocida Miguel Etchecolatz, que desató el repudio de los organismos de derechos humanos y gran parte de la sociedad, no es un caso aislado entre los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, más de la mitad de los detenidos en las causas por violaciones a los derechos humanos se encuentran con arresto domiciliario. Los represores presos en domicilios son 549. 

La Procuraduría también informó que el 67 por ciento de las sentencias dictadas contra los represores fueron apeladas, por lo que se encuentran en alguna instancia de revisión, y que luego del fallo Muiña, donde la Corte Suprema aprobó el 2x1 para casos de lesa humanidad, hubo 118 condenados que pidieron acceder al beneficio.

De las 393 causas en las que aún no se dictó sentencia, 17 se encuentran en etapa de debate oral o plenario -aunque en sólo seis causas ya está fijada la fecha de inicio del debate-, 98 causas están listas para comenzar el juicio y el resto, las 278 causas que faltan, continúan en etapa de instrucción.  

“Durante el 2017 fueron sentenciadas 234 personas”, de los cuales 198 fueron condenados y 36, absueltos, según señalaron los fiscales en el informe,  Entre quienes aún no fueron sentenciados, la situación procesal varía según la causa: hubo 701 procesados, a 164 imputados se les dictó falta de mérito y 62 fueron sobreseídos. “A diciembre de 2017, son 1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas”, continuó el informe presentado por la Procuraduría.

Además de los detenidos con prisión domiciliaria, 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

El informe analizó también cuánto tiempo transcurre desde que se inicia la causa hasta que se obtiene la sentencia firme. En promedio, en las “causas firmes”, aquellas que ya no tienen pendiente instancias de revisión, transcurren 5 años y medios entre que se presenta el requerimiento de elevación a juicio y se obtiene la sentencia del último recurso tramitado ante la Corte Suprema de Justicia. En la causas “en trámite”, las que tienen sentencia pero esperan la elevación a juicio o pueden ser recurridas, la demora alcanza los 4 años y medio.

“La instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF. Le sigue la instancia entre el inicio del debate y el veredicto, a cargo del TOF, con casi un año y ocho meses. A continuación se encuentra el periodo entre la sentencia de la CFCP y la confirmación del último recurso ante la CSJN, que demora en promedio un año y cinco meses”, detallaron desde la procuraduría.

En el informe, los fiscales hicieron hincapié en que “los responsables del trámite de las causas demoran en conjunto más de cinco años en resolver si una causa se eleva, realizar el juicio, dictar la sentencia y en confirmarla o no en las instancias recursivas posteriores”, lo que calificaron como un “cuellos de botella” que es necesario resolver.

Testimonio : Vivo para contarla

El autor relata cómo fue baleado y atropellado por una moto de la Policía Federal en la represión del pasado 18 de diciembre en medio de la votación de la reforma previsional.

Alejandro “Pipi” Rosado

Joven trabajador baleado y atropellado por la Policía

El texto fue publicado originalmente en el sitio amigo La Garganta Poderosa, a quienes agradecemos contar con nosotros para la difusión masiva del testimonio de Pipi Rosado.

Vivo para contarla

Ojalá esta foto pudiera describir todo eso que todavía no puedo, toda esa pesadilla que comenzó este lunes. Y no sé cuándo terminará. No fui “atacado”, fui cazado salvajemente durante la razia que cubrió la reforma previsional.

Yo cartoneo, desde los 16 años, porque vi en la recolección una salida ante la falta de empleo. Me gusta lo que hago y formo parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos, pero ese mediodía no estaba manifestándome junto al resto de mis compañeros. Necesitaba laburar y fui a buscar papel blanco por la 9 de Julio, pero cerca de las 13:30 me crucé con otro reciclador y nos dividimos las tareas: él se quedó con el carro en la Avenida Belgrano y yo seguí rumbo al Obelisco, sin imaginar que un ejército de uniformados me terminaría emboscando.

Aparecieron a los tiros, por todos lados, disparando a mansalva sobre una multitud que se dispersaba desesperada, mientras yo intentaba taparme la cara con una remera, para no ahogarme con los gases lacrimógenos. Salí corriendo, pero estaba aturdido por las detonaciones y dolorido por las balas de goma que me pegaron en la espalda, de modo que sólo avancé una cuadra. Cagado de miedo, me mandé por Hipólito Yrigoyen para intentar llegar a Tacuarí, donde siempre trabajan unos compas, pero ni bien doblé advertí que se venía la Policía. Y seguí rajando, cada vez más rápido, cada vez más asustado. Quise esconderme detrás de un tacho, pero no pude. Sentí que me pisaron el pie, me caí y me golpeé la cabeza...

Ahí me dispararon, a pocos metros, en el piso.

Y quedé inconsciente, varios segundos.

Cuando volví a tomar consciencia, el paisaje había cambiado. Me hallé rodeado por seis agentes de la Federal, con las costillas lastimadas y con la pierna izquierda quemada, desde la rodilla hasta casi el tobillo, por el caño de escape de una moto policial que me pasó por encima. Pero eso no era todo: me habían agujereado la panza, arriba del ombligo. Tenía una abertura del tamaño de una galletita, unos cinco centímetros de ancho y una profundidad que alcanzaba para que pudiera ver mi propia carne, mientras muchas personas les gritaban a los oficiales que me dejaran en paz. Y aun así, no bastó para que se compadecieran. Me destrozaron, me hicieron mierda.

Hoy, a pocas horas de la navidad y a varios días de la cacería oficial, todavía no puedo borrar la imagen de mi estómago perforado, atravesado, desangrándose. No exagero, ojalá, realmente pensé que me iba para arriba. Pues no conformes con lastimarme hasta más no poder, también intentaron obstaculizar el trabajo de los ambulancieros que me socorrieron. Y así, el calvario duró cerca de diez minutos, hasta que me trasladaron al Argerich. Pero inexplicablemente, cuando creía por fin estar a salvo, volvieron a tratarme como si fuera un delincuente. Muerto de sed, me hicieron morder un pedacito de gasa mojada, mientras me ataban con vendas las muñecas. Y en el trayecto o en el propio hospital, me robaron la mochila.

Al día siguiente, me descartaron, de una. Volví a mi casa con una pierna sin lavar, casi rostizada. Y horas después me volvieron a internar. Acá sigo, masticando la rabia, la impotencia y las felices fiestas. Porque sí, son días de mucha bronca, pero por momentos le agradezco a Dios que no me estén velando, porque en ese caso sería otra historia la que seguramente les estarían contando. Hoy, el dolor me impulsa a pedir justicia para que los responsables paguen por lo que me hicieron, a mí y a tantas personas que no tenemos micrófono, ni empleador, ni “fuerzas de seguridad”. Todos lo vieron. Y si no, ahí tienen el video, para analizar esa realidad que sus medios recortan tan bien...

¿Fuerzas de Seguridad?

¿De seguridad para quién?

Informe anual de CORREPI sobre la situación represiva

Compañeros y compañeras:

Los acontecimientos de la semana pasada y la necesidad de apurar la soltura de los detenidos y detenidas en las represiones del martes y el jueves pasado, obligaron, por primera vez en 22 años, y en las vísperas de un nuevo aniversario de la rebelión popular de 2001, a postergar este acto en el que CORREPI presenta el Informe anual de la situación represiva en Argentina y difunde la actualización del Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. 

Envalentonado tras el resultado electoral, el gobierno de Mauricio Macri y sus socios dio en este mes de diciembre un salto de calidad e intensidad en su política represiva, que superó con creces la espiral iniciada hace dos años, y que venimos denunciando desde entonces.

En un escenario de permanentes ataques al pueblo trabajador desde el inicio de la gestión de Cambiemos, como vamos a ir viendo a lo largo de este acto, con hechos de inusitada gravedad como la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel, las últimas dos semanas dan cuenta de una mayúscula avanzada represiva.

El viernes 8 de diciembre, grupos especiales de la Policía de Neuquén cargaron contra los trabajadores que tomaban la maderera MAM, que desde junio luchan por defender sus puestos de trabajo. El obrero ceramista y diputado provincial del FIT, Raul Gadoy, que estaba en el corte solidarizándose con los trabajadores, recibió un balazo por la espalda que le produjo una fractura expuesta a la altura del tobillo. 

El mismo día, en Catamarca, la policía provincial disparó con cartuchos cargados con sal gruesa contra estudiantes secundarios que festejaban el fin del año lectivo en una plaza.

El martes 12, la represión también vendría por partida doble: En Chubut, por orden del juez federal Guido Otranto, la gendarmería desalojó el camping Yapay Peñi en el que hace más de 100 años reside la familia originaria Cárdenas Alarcón Coronado. 

En la ciudad de Buenos Aires, al término de la movilización contra la presencia de la Organización Mundial de Comercio, una veintena de manifestantes fueron acorralados por la policía de la Ciudad y la gendarmería en la esquina de Corrientes y Callao. La presión de quienes de inmediato se agolparon frente al vallado de las fuerzas de seguridad permitió liberar a la mayoría, pero dos compañeros y una compañera quedaron detenidos. Después de casi tres días de presencia militante en la comisaría de la comuna 15 y los tribunales de Comodoro Py, el docente de SUTEBA Escobar, Hernán Centeno, la referente de la Defensoría de Géneros de Luján, Natalia Pérez y un hombre en situación de calle, recuperaron su libertad en la madrugada del viernes.

Para entonces, eran ya 45 los nuevos detenidos y detenidas, distribuidos en diferentes dependencias de la policía de la Ciudad, la Policía Federal y la Gendarmería, después de que esas fuerzas ocuparan con lógica militar la zona del Congreso y reprimieran a quienes nos manifestábamos contra la reforma previsional. Fueron necesarios otros tres días de sostenida movilización en comisarías y tribunales para lograr la liberación de 40 de los compañeros y compañeras. Por diversas razones formales, como la dificultad para constatar los domicilios, cuatro compañeros y una compañera aún permanecen detenidos, alojados en unidades penitenciarias.

El lunes de esta semana, 18 de octubre, una nueva aún más masiva movilización al Congreso fue reprimida, con la cifra récord de 130 detenidos y detenidas y 60 heridos, algunos de mucha gravedad. Tres trabajadores, Horacio Ramos del FOL, Roberto Álvarez del PO y Daniel Nievas de Astilleros Río Santiago, perdieron un ojo por disparos de postas de goma directamente a la cara y a corta distancia. 

La contundencia de la movilización posterior a la represión logró que, a diferencia de los casos anteriores, los compañeros y compañeras fueran liberados desde las mismas comisarías, en la noche y madrugada del martes, sin pasar por el traslado a tribunales y las indagatorias.

El 20 de diciembre, día de tanto peso simbólico para la clase en Argentina, la represión cayó sobre los trabajadores y trabajadoras del Ingenio Esperanza, en Jujuy, con veinte detenidos, entre ellos un abogado de los trabajadores, casi 100 heridos y orden de detención para la Comisión Directiva del Sindicato del Azúcar. 

Todos esos hechos represivos están unidos en una misma decisión política del gobierno de Cambiemos, que es avanzar con paso marcial y a cualquier costo hacia una transformación profunda y a largo plazo de las relaciones del capital y el trabajo en nuestro país. Ése y no otro es el objetivo del paquete de reformas, previsional, impositiva, laboral, educativa y de la salud, que, con el respaldo del resultado electoral de octubre, pretende readecuar las relaciones capitalistas en nuestro país, a tono con el ciclo de acumulación a nivel mundial.

El gobierno de Cambiemos no está solo para encarar este nuevo ciclo neoliberal. Ya lo vimos el lunes en el Congreso, con 20 votos del PJ, negociados con los gobernadores, apoyando la reforma, y varios diputados del Frente Para la Victoria, como Daniel Scioli, ausentes. Ni hablar de la burocracia sindical de la CGT, con sus idas y vueltas y alguna tibia amenaza de paro sin movilización, alejados de cualquier actividad que signifique defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras; o de los medios hegemónicos que despliegan hace meses una operación para criminalizar la protesta y estigmatizar a los que resisten, a los que asimilan con terroristas y violentos criminales subversivos. En la misma dirección, brinda su apoyo el aparato judicial, cuyos jueces y fiscales, en especial del fuero federal, sacaron del armario imputaciones como intimidación pública, generosamente aplicada a todas y todos los encausados desde la marcha por Santiago el 1º de septiembre hasta hoy.

Pero los acontecimientos de esta semana han demostrado, además, que el pueblo trabajador también escala en su capacidad para enfrentar estos ataques. Dando prueba de que hay una memoria colectiva acumulada, ya el martes 11 fueron las y los transeúntes casuales quienes se sumaron a gritar “largá los pibes” en Callao y Corrientes, y forzaron la liberación de la mayoría. 

El gobierno apostó a que las balas, los golpes y los gases del jueves en Congreso, y las decenas de rehenes retenidos por el poder judicial, nos iban a dejar temerosos y disciplinados, dando paso libre, el lunes, al ajuste y el saqueo. No fue así. Ese día la movilización fue más masiva todavía. Cuando más nos reprimieron, cuando más asesinos se mostraron, más salimos a las calles, en mayor número y con mayor predisposición a dar pelea. No pudimos evitar los arreglos de cúpula que convirtieron en ley el saqueo a jubilados y niños, pero mostramos que hay un pueblo que lucha y no se rinde. 

Apenas unas horas después, mientras muchos y muchas recorríamos hospitales y comisarías, empezamos a escuchar, en cada cruce de avenidas, en cada plaza, el repiqueteo de las cacerolas. Cacerolas, como en 2001, que reclamaban contra el ajuste, y también contra la represión. Bastaron unas pocas horas para que crecientes columnas empezaran a recorrer las avenidas hacia el Congreso, hacia esta Plaza, y la noche y la madrugada se iluminaran con nuevos fuegos de diciembre.

También ahí nos reprimieron, pero de nuevo salimos a las calles el martes a la noche, y el miércoles. Y acá estamos hoy.

Ellos nos dicen violentos, y respondemos:

Violentos son los que hambrean al pueblo, 

Violentos son los que arrebatan derechos, 

Violentos son los que discursean sobre la democracia con las manos manchadas de sangre de trabajadores,  

Violentos son los que reivindican genocidas,

Violentos son los que encarcelan trabajadores y trabajadoras, mientras buscan de cualquier modo la impunidad de los represores,

VIOLENTOS SON ELLOS, que sólo saben de privilegios e invocan la paz mientras profundizan la explotación y la opresión.

Nosotros y nosotras somos quienes nos alzamos contra las injusticias, las y los que vamos aprendiendo que la tarea es la unidad, esa que se grita y se construye en las calles, codo a codo, en la solidaridad de clase que nos distingue, y nos reclama luchar por un mundo sin miseria ni explotación, sin opresión ni represión.

Por eso estamos hoy de nuevo en esta Plaza. Porque es en las calles donde se escribe la historia, con unidad, y dispuestos a dar todas las peleas.

Jones Huala desde la cárcel: "Llamamos a levantarse al pueblo mapuche y al resto de los pueblos oprimidos"

El líder mapuche dialogó con La Retaguardia desde la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal en Esquel, en el pabellón 6. Allí se encuentra detenido desde que la Gendarmería lo identificó en un control vial y lo apresó por un pedido de captura que ya había sido levantado. Sus abogadas Eli Gómez Alcorta y Sonia Ivanoff plantean que aplica la figura de privación ilegal de la libertad, pues la justicia inició un proceso paralelo a otro en curso, ambos por el mismo hecho. (Por La Retaguardia) 

Nora Cortiñas en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo de hoy pidiendo la libertad de Jones Huala (Foto: Laura Mapu)

"Gracias por la comunicación y buenas noches a todos. Antes de venir acá estuve en un escuadrón de Gendarmería en Bariloche y estuve en huelga de hambre. Duró poco porque pude al menos conseguir que se respeten las condiciones carcelarias porque me habían aislado en la celda de castigo y me habían quitado algunas cuestiones inherentes a mi salud tradicional mapuche", denunció Jones Huala y contextualizó: "Eso sumado al contexto represivo e injusto del doble juzgamiento en el que me encuentro inserto. No tengo sorpresa con la detención. Por ahí con el modo en que sucedió, pero esperábamos esta respuesta del Estado tarde o temprano. Nunca han dejado de intentar seguir con el atropello como sucedió en enero en una represión grande que hubo a partir de una recuperación de tierras con detenidos, mi primo parte de la mandíbula. Esperábamos respuestas del Estado pero nunca pensamos que iba a ser tan burda", planteó.

La demonización de los medios tradicionales

"Los medios hegemónicos han hecho mucha campaña a favor de esta persecución, son parte de los círculos de poder y de poder económico. Seguramente tienen mucha relación con la oligarquía terrateniente y con las empresas trasnacionales", consideró el mapuche.

"Me enteré cuando fui detenido que el día anterior se reunieron Macri y Bachelet. Lo leí en el diario Clarín y vi que habían hablado de mi caso. Ahí se fue clarificando un poco más la cosa aunque nosotros ya teníamos conocimiento de la importancia que tenemos para el ministerio de Seguridad de la Nación. Esto termina de confirmar la idea de la persecución política cada vez más evidente y explícita", denunció.

Además, Jones Huala explicó por qué piensa que lo busca con tanto ímpetu el gobierno chileno: "Igual que aquí, en Chile somos un peligro para las oligarquías regionales, para las empresas trasnacionales. Somos una propuesta que puede generar un proceso de liberación y llegar a inspirar a otros pueblos en la lucha anticapitalista. Somos un pueblo que nunca ha podido ser derrotado del todo, ni siquiera militarmente. Si bien siempre hemos estado en inferioridad de condiciones con respecto al poder de fuego del enemigo recordemos que el pueblo mapuche resistió cerca de 300 años a la corona española antes de ser derrotado por los ejércitos argentino y chileno", recordó. "Eso habla de una capacidad táctica y política del pueblo mapuche que aún no ha podido ser comprendida por el enemigo occidental. Eso es lo que temen los gringos. Los patrones de estos estados subdesarrollados en los que vivimos. Con la irrupción de gente como Donald Trump en Estados Unidos creo que vuelve esa preocupación. Esto se enmarca en estrategias de contrainsurgencia surgidas después de la guerra de Vietnam", analizó Jones Huala.

Propuesta mapuche

"La lucha del pueblo mapuche es histórica contra dos Estados opresores y también anteriormente contra la corona española. Es de supervivencia. Fuimos dominados y colonizados en los últimos 130 años, incorporados al Estado argentino y chileno a la fuerza a través de una guerra de ocupación. Para los intereses imperiales de la época, hoy estamos sometidos por el sistema capitalista en el tercer mundo. Hemos encarado una lucha de liberación nacional mediante la idea de reconstrucción de nuestro mundo desde una perspectiva anticapitalista, antioligárquica y antiimperialista con un gran contenido filosófico popular", destacó. "Nos planteamos las propuestas políticas desde nuestra lógica mediante la recuperación de las tierras productivas y sagradas y en la reconstrucción práctica de nuestro mundo nosotros no planteamos la toma de poder del Estado ni la destrucción del Estado tampoco. Al menos no de manera directa, invitamos al resto de la sociedad y los pueblos a encarar sus propias luchas revolucionarias y generar la transformación social necesaria para crear un mundo diferente", explicó. "Nosotros planteamos que las comunidades puedan vivir de manera ancestral, antigua, con nuestras propias formas y con el derecho de autodeterminación de los pueblos. Como decía también con un claro contenido revolucionario", aclaró.

Jones Huala consideró: "Tenemos un enemigo difícil pero no claudicamos y esa es la razón por la que se da la persecución política: la propuesta política y que somos enemigos declarados de este sistema económico. También la crítica hacia los sectores mapuches reformistas. Muchos han recibido financiamiento de organismos como el Banco Mundial y son los que terminan transando con los políticos, los gobernantes y las empresas. Nosotros pertenecemos al sector más consecuente, autónomo, libertario del movimiento mapuche y nos consideramos totalmente enemigos del capitalismo porque es algo antinatural". Para el referente, "ser mapuche hoy en día es ser consecuente con la filosofía propia que nos plantea necesariamente ser anticapitalistas. Tenemos que definir al enemigo con su cara real en el territorio en el que estamos. El territorio mapuche siempre estuvo donde hoy están los intereses mineros, petroleros y extractivistas en esta parte del mundo. Hay una gran jugada geopolítica de los gringos. Nosotros como actor político ancestral pero emergente nos hemos ido convirtiendo en un enemigo real de todos estos intereses económicos que pretenden dominar siempre a los pueblos", sintetizó.

"La lucha mapuche sostenida ha hecho tambalear al modelo económico capitalista al menos en la región. Eso es lo que más preocupa a los intereses de los ricos", definió.

Represión

En relación a la movilización pidiendo su libertad, expresó: "Agradezco a los compañeros que fueron a solidarizarse, eso me da fuerza y valor porque es una noción de que se va reconociendo la propuesta política, la lucha mapuche y la justicia de nuestros reclamos. Por otro lado, me da un poco de rabia la represión pero así es como ataca el Estado a las luchas genuinas, populares y dignas. Fuerza a los compañeros. Eso invita a organizarse, a tejer redes entre los distintos sectores del campo popular que nos están apoyando pero invita a buscar una construcción conjunta más allá de la construcción política tradicional por fuera de la doctrina partidaria clásica", planteó. "Sin renunciar a las identidades políticas que cada uno pueda tener pero quienes tienen perspectivas revolucionarias genuinas deben darse un tiempo de construcción acorde a la cultura del lugar donde viven, de los pueblos con los que se contactan. Es importante recalcar el compromiso de los compañeros que han sido detenidos en la lucha y en el apoyo a una causa justa", destacó. "Eso habla de la crudeza y de la injusticia de este estado fascista. Fuimos reprimidos muy duramente por el kirchnerismo, baleados, torturados, espiados ilegalmente. Con el macrismo eso se ha multiplicando mucho más a causa de las políticas económicas de este gobierno explícitamente de derecha y neoliberal", definió.

Llamado

Por último, Jones Huala se dirigió a la sociedad, primero en su lengua y luego traduciendo: "Transmito un mensaje de lucha y levantamiento para que podamos golpear al capitalismo. Nosotros reivindicamos todas las formas de lucha, volvemos a reivindicar la violencia política como método de defensa pero también como herramienta de liberación. Creemos que es necesario darle golpes al capitalismo, sabotearlo, hacerse cargo de los discursos revolucionarios y volver a encarar una nueva etapa en la lucha de los pueblos", insistió. "Llamamos a levantarse al pueblo mapuche y al resto de los pueblos oprimidos para encarar esta lucha de liberación de la humanidad", concluyó Jones Huala desde el Penal de Esquel, donde espera que la justicia decida sus próximos pasos en una larga lucha por la tenencia de la tierra y el respeto por los pueblos originarios.

Los Mapuche un pueblo guerrero. Nunca terrorista

 Los Mapuche un pueblo guerrero. Nunca terrorista

Domingo Namuncura

Hacia 1535, a 43 años del descubrimiento de América, era muy poco lo que quedaba en pie del histórico y ancestral Imperio Inca. El conquistador Francisco Pizarro se ocupó de concluir la tarea de someter a sus descendientes y consolidar el dominio español. Es entonces cuando Pedro de Valdivia junto a 150 aventureros marcha 2.400 kilómetros hacia el sur cruzando el desierto de Atacama, y en diciembre de 1540 arribó al valle del río Mapocho y fundó ahí un poblado al que llamaron Santiago del Nuevo Extremo. A los pocos meses, y enterados por otras tribus del avance de los conquistadores los indígenas Mapuche Picunche, al mando de Michimalonco asaltaron el poblado en señal de rechazo a su presencia. Valdivia escribirá en su bitácora: “Nos hemos quedado con los andrajos que teníamos para la guerra y con las armas que apenas traíamos a cuesta”. A pesar de su sorpresa, los españoles reconstruyeron el poblado y se prepararon para un nuevo ataque. Siete Caciques fueron tomados prisioneros en la nueva confrontación e Inés de Suárez, pareja del conquistador, los hizo decapitar y sus cabezas fueron expuestas en picanas a modo de advertencia. Así fue el inicio de las relaciones entre los Pueblos Indígenas de Chile y los conquistadores españoles. En 1546 Valdivia se aventuró hasta el Golfo de Arauco a 500 kms de Santiago y fue atacados por miles de mapuche. En 1553 fue destruido un fuerte español y Valdivia, finalmente, fue emboscado en Tucapel, hecho prisionero y muerto. 

"El conflicto que está en desarrollo en diversas comunidades mapuche del sur de Chile no es el “conflicto mapuche”. Es el conflicto entre el Estado y la sociedad chilena con el Pueblo Mapuche."

México, Centroamérica y Perú habían sido conquistados con relativa facilidad por los españoles y el avance hacia el sur del continente estaba previsto como una misión fácil y sin mayor resistencia. A través de la mensajería oral, sin embargo, los Pueblos Pehuenches, Huilliche, Picunche y Cunco ya estaban alertados y preocupados de la posibilidad de ser ellos las siguientes víctimas de la conquista. En consecuencia, se dispusieron para un largo tiempo de resistencia que duró exactamente 347 años y que se puede esquematizar como un primer período de “Guerra ofensiva” que va desde 1540 hasta la batalla de Kuralaba en 1598 (58 años); luego, desde el 1612 hasta el 1626 (14 años) como la “guerra defensiva” y desde 1626 hasta 1662 (36 años) como un nuevo período de “guerra ofensiva”. Desde 1662 a 1654 será un período de años con menos confrontación y mayor espacio de Parlamentos. En 1641 se instaló el primer parlamento en los llanos de Quilín y en el 1647 fue abolida la esclavitud. Luego vinieron las paces relativas con el Parlamento de Boroa en 1656 y hubo una sublevación que alcanzó hasta 1692. Con el nacimiento de la República de Chile y el avance ahora del nuevo ejército, la lucha militar alcanzó nuevamente ribetes intensos hasta concluir con la campaña de la “Pacificación de la Araucanía” en 1883 con la derrota definitiva del mapuche y su total exclusión del naciente modelo republicano. Los Mapuche fueron el pueblo que durante más tiempo resistió la conquista española y luego la expansión militar del ejército republicano. Son tres siglos de lucha. Todo lo cual indica claramente su voluntad guerrera.

Hoy, pueblo mapuche es tildado o motejado de terrorista. Desde el incendio de tres camiones de empresas forestales el 11 de diciembre de 1979 han transcurrido 20 años de tensión y conflicto. Y se equivocan quienes se refieren al ímpetu belicoso del mapuche. Esto, que es una expresión de la cultura ancestral no es sinónimo de terrorismo. Cuando el Pueblo Mapuche se levantó en armas durante tres siglos no lo hizo en la clandestinidad ni desarrolló una “guerra de guerrillas”. Sus decisiones políticas fueron tomadas en grandes Trawün (asambleas) y los Caciques de diversas tribus al sellar un pacto auto-defensivo nombraron a un Toqui (Michimalonco, Galvarino, Caupolicán, Lautaro entre muchos) para conducir militarmente a las comunidades. Pero no eran solo guerreros. También negociaron importantes períodos de paz a través de 14 Parlamentos, y la corona española tuvo que reconocer sus derechos territoriales, los mismos que luego la naciente República desconoció absolutamente y aquí está la raíz primera del conflicto.

Lo que ha ido ocurriendo en las últimas décadas es un proceso que los chilenos deben examinar con mucha profundidad y rigurosidad. El Estado de Chile a partir de 1810 desconoció diversas conquistas políticas y territoriales del Pueblo Mapuche suscritas con los Virreyes y Gobernadores españoles. Ese desconocimiento obligó a nuevas refriegas militares y con enorme dificultad el Estado chileno avanzó hacia el sur en medio de un charco de sangre. Las heridas de esa confrontación, eufemísticamente producidas en la “Pacificación de la Araucanía”, tiene al coronel Cornelio Saavedra como exponente máximo de una guerra injusta, violenta y cruda. Por cierto, algunos historiadores conservadores podrán alegar que los guerreros mapuches no eran precisamente santos en la batalla. La guerra, para ambos lados tenía motivos y sus propias prácticas. El Estado de Chile tuvo que imponer toda la fuerza militar de la que disponía para vencer, finalmente, al único pueblo indígena que en la historia de América Latina había sido capaz de resistir la conquista, la colonia y la República naciente por trescientos años.

Luego del final de la “Pacificación de la Araucanía”, desde 1883 hasta nuestros días han transcurrido 134 años en donde las relaciones entre Pueblos Indígenas, Estado y Sociedad pasaron a un plano de sometimiento social, cultural y político. Los Mapuche han sido excluidos -hasta hoy- de tres Reglamentos Constitucionales y de siete Constituciones nacionales, a diferencia de otros 15 países que en el continente optaron por incluirlos con diversas connotaciones. Las tierras indígenas fueron confiscadas para el Estado y a los colonos se les brindaron privilegiadamente grandes extensiones de esas tierras en tanto que a sus propietarios originales se les ubicó en inmerecidas Reducciones, en las peores tierras disponibles y bajo condiciones socialmente ignominiosas. Lo indígena fue invisibilizado por la República de Chile, y eso que la lucha de emancipación de la corona española estaba inspirada en la Revolución francesa y en el pensamiento progresista de la Ilustración.

Nuestros tatarabuelos, abuelos y padres y actuales familias han traspasado de generación en generación los dolores de este proceso, y en privado -al margen del sometimiento institucional y social- cada familia mapuche resguardó sagradamente las tradiciones, lengua, costumbres y formas de organización, las que nunca pudieron ser doblegadas por los regímenes gubernamentales sucesivos, hasta hoy.

Hubo algunos gobernantes en nuestra historia que tuvieron una perspectiva o visión progresista en cuanto a la relación del Estado con los Pueblos Indígenas. De partida, O’Higgins. Probablemente por su propio origen, como hijo natural y soldado que tuvo que caminar un pedregoso camino antes de convertirse en el libertador de la Patria, acogió en su casa a niños mapuche huérfanos, víctimas de la guerra y declaró que todos los habitantes de Chile son iguales ante la Ley y que ningún indígena sería considerado esclavo. Poca cosa, pero no menos importante. Gobernadores posteriores desconocieron estos principios y de igual forma hicieron aprobar o hicieron la vista gorda y miraron para el lado, cuando fue necesario dictar normas o decretos para consolidar la usurpación de tierras y anexar los territorios indígenas a la propiedad del Estado o entregarlas a colonos o aventureros en busca de oro y piedras preciosas. ¿Cómo olvidar la indiferencia del Estado ante el genocidio de los indígenas Selknam en el extremo sur del país, asesinados por mercenarios contratados por familias de hacendados que no encontraron mejor manera de “certificar” mediante el crimen que las tierras indígenas australes “no tenían dueño” conocido? Para pagar a los mercenarios por sus cacerías de indios exigieron eso sí, la comprobación correspondiente mediante orejas, narices o cuero cabelludo ante su vista. ¿Ha pedido perdón, alguna vez, el Estado de Chile por este genocidio? Todos los detalles escabrosos están recogidos por la literatura nacional y particularmente por el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato (2004).

El conflicto que está en desarrollo en diversas comunidades mapuche del sur de Chile no es el “conflicto mapuche”. Es el conflicto entre el Estado y la sociedad chilena con el Pueblo Mapuche. Y esto no está suficientemente reconocido ni claramente explicitado. Y es un problema que trasciende la cadena de situaciones de violencia extrema, en donde no está claro para toda la sociedad, que los actores de tales hechos sean en su totalidad mapuche y que esto responda en su gran mayoría solo a una demanda de autonomía y territorios. Esta mirada es limitada, especialmente si no reparamos en los antecedentes históricos y políticos que están en la base de los problemas existentes. Y la verdad no es como se pinta, especialmente, si atendemos a resoluciones de Tribunales en donde se ha condenado la simulación de incendios de bienes y camiones por parte de terceros no indígenas.

Las Leonas: hay equipo afuera de AGR-Clarín

El oficio gráfico ha sido claramente un espacio laboral para varones. Por eso el conflicto de AGR-Clarín tiene caras visibles masculinas. Sin embargo, las compañeras de los trabajadores se han hecho, desde afuera y con una sostenida militancia, un lugar importante en el conflicto. Fueron bautizadas Las Leonas. Aquí te presentamos a Rocío Salgueiro, la compañera del delegado general Pablo Viñas, que fue entrevistada por Luis Angió, junto a Nicolás Rosales y Carlos Morquio, en el programa radial Otras Voces, Otras Propuestas. (Por La Retaguardia)

Fotos: Agustina Salinas para La Retaguardia

—Otras voces, otras propuestas: ¿Por qué Las Leonas?

—Rocío Salgueiro: Eso surgió porque en la primera semana de permanencia en la planta, hubo un plenario con organizaciones que se solidarizaron con la lucha de nuestros maridos. Finalizando el plenario, las mujeres mandamos un saludo a nuestros compañeros y una de las chicas dijo: "Los que están adentro son unos leones", y uno de los de adentro dijo: "Y ustedes son las leonas".

—OVOP: ¿Cómo se organizaron?

—RS: En primer lugar, somos parte del acampe que hay afuera de la planta. Estamos apoyando, dando fuerza a nuestros maridos. Empezamos a participar en todas las acciones que resolvieron, como cuando fuimos a Zepita, donde se imprime el diario, o a las puertas de Canal 13. También recorremos lugares de trabajo y explicamos esta lucha, cuál es la situación. Y pedimos colaboración para el fondo de lucha, porque a nuestros maridos no les han pagado la última quincena trabajada. Denunciamos que es una forma de ahogarnos económicamente.

—OVOP: ¿Cómo era tu vida antes de esto?

—RS: Soy docente, estaba de vacaciones. Pensaba ir con mis hijos de paseo a centros culturales, a parques; estamos de paseo todos los días en Pompeya... Les explicamos a los chicos por qué estamos acá, qué está haciendo el papá. Hay chicos de distintas edades. Incluso, hace unos días nació la quinta hija de un delegado. Lo señalo por la crueldad de todo esto; cerraron la planta, 380 familias afuera, la mayoría con hijos, pequeños en muchos casos. En algunos casos, estamos de vacaciones. En otros, las mujeres están trabajando y vienen cuando terminan de trabajar. Otras eran amas de a casa y ahora están acá, yendo a los lugares de trabajo, explicando qué es lo que está pasando. También fue una forma de romper un poco lo que llamamos el cerco mediático. Porque como estamos contra Clarín, hay una presión muy fuerte en los medios para que esto no se difunda. Periodistas que en las radios hablan, en los programas de televisión no les permiten hablar. Hemos recibido la solidaridad de muchos periodistas, que nos comentan que desde adentro presionan para que no se pueda hablar de esto.

—OVOP: ¿Hasta cuándo creés que va a durar esta mentira de Clarín?

—RS: En gran parte se va sabiendo. En el plenario los delegados mostraron la tapa de Clarín del domingo a las cuatro de la tarde. Estamos denunciando que están estafando a los lectores, a los clientes, porque les están vendiendo un diario viejo. Las publicaciones que se imprimían en Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) las están haciendo en otros talleres, se nota en la calidad de los materiales. También denunciamos que cometen la estafa de seguir poniendo que fue impreso en Artes Gráficas Rioplatenses, cuando la empresa dice que está cerrada y que no la van a volver a abrir. Es un cierre trucho, porque AGR es una de las plantas de impresión más modernas en América Latina. Nos explicaban nuestros maridos que hay una máquina que existe acá y en México. El año pasado compraron dos máquinas nuevas, parecen barcos por el tamaño que tienen. Entonces, con ese nivel de inversión, ¿cómo van a cerrar la planta? Además, todas las publicaciones se siguen vendiendo, no es que se discontinuaron las revistas que se imprimen acá. Se quieren sacar de encima a estos trabajadores y contratar a otros con otras condiciones, con salarios menores, sin antigüedad.

Salgueiro, con anteojos, junto a Viñas y otras compañeras.
—OVOP: Ayer tuvieron un pequeño espacio de dos o tres minutos en Intratables un programa de TV bastante visto.

—RS: Un grupo de trabajadores y de mujeres y de la comisión de familiares fueron a la puerta, hablaron con el conductor y le explicaron esta lucha, esta dificultad que tenemos para difundir dado que esto es Clarín —incluso, un día que nos movilizamos a la autopista 25 de Mayo taparon el fondo sobre el cual siempre conducen—. Se pidió un espacio para poder difundir, nos los dio y salió al aire.

—OVOP: ¿Cómo se puede colaborar? ¿Qué es lo que están necesitando?

—RS: Tenemos dos Facebook: Trabajadores AGR-Clarín y Comisión de Familiares de AGR-Clarín. En ambos hay un número de cuenta donde se puede colaborar (para el fondo de huelga). También lanzamos una colecta de pañales de todos los tamaños y de útiles escolares. En la planta estamos las 24 horas, Del Barco Centenera y Corrales, (en el barrio de Nueva Pompeya, en CABA), siempre hay una alcancía. El apoyo de la gente siempre es bienvenido.

—OVOP: Son una Leonas, pero no juegan al hockey...

—RS: Por ahora no, pero quién te dice... nos ponemos a practicar en cualquier momento...

—OVOP: El palito ya lo tendrían que tener en la mano y si no le pegan a la bocha por ahí...

—RS: Nos están dando buenas ideas...

Rocío Salgueiro es una de las tantas mujeres que no acompañan a sus maridos, sino que son parte esencial de la lucha de AGR-Clarín. Y puede suponerse que si los varones están pudiendo sostener la toma durante tanto tiempo, será también porque ellas están ahí, bancando la parada y, por las dudas, también practicando con los palos y la bocha.